EL ARCHIVO DEL CASO BAUTISTA

Algunos distinguidos juristas, entre ellos Abel Rodríguez del Orbe y Jhon Garrido, han criticado la decisión  del Procurador General de la República de desarchivar  "el caso Bautista".  Lo han descalificado jurídicamente, y hasta hay quienes  interpretan la acción del Procurador como un lance político en busca de posicionamiento para las elecciones del 2016. 

El que más profundamente tocó el tema ha sido Jhon Garrido, por lo que me refiero a su opinión, recogida en una edición de El Nuevo Diario, en la que afirma que  "el caso Bautista" se trata de un asunto juzgado y que nadie puede ser perseguido dos veces por el mismo hecho, y que al tratarse de un archivo definitivo la acción penal  en contra del  senador Felix Bautitsta se extinguió.

Disiento del apreciado y admirado Jhon Garrido, pero supongo que él ha vertido una opinión sin haber analizado la Resolución DPCA  03093 de fecha 13 de agosto del 2012, con la que el ministerio público ordenó el archivo de las denuncias por supuestos actos de corrupción presentadas en contra del ingeniero Felix Bautista, ya que se trata de un jurista estudioso  y objetivo.

No es cierto  que  "Ya se extinguió esa acción penal y por el principio de persecución única no es posible perseguirlo dos veces por el mismo hecho ", como afirma el distinguido jurista.

El articulo 281 del CPP,  a que hace referencia mi amigo Garrido, contiene taxativamente enumeradas las nueve causales que podrían inducir al ministerio público a motivar el archivo de un caso, y en las mismas se señalan cuales de esas causas extinguen la acción penal; las citamos a continuación: a) Concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable; b) Es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal; c) La acción penal se ha extinguido; d) Las partes se han conciliado, y e) Proceda aplicar un criterio de oportunidad.

Ninguna de esas causas fueron esgrimidas por el ministerio público para archivar el caso, razón por la que no se trata de un archivo definitivo.

Hay  otras cuatro causales que no extinguen la acción penal, y son las siguientes: a)  No existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho; b) Un obstáculo legal impida el ejercicio de la acción; c) No se ha podido individualizar al imputado, y d) Los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos.

La Resolución DPCA  03093  se fundamentó en las causales 1 y 4, y en la motivación el ministerio público informa que las auditorías realizadas por la  Cámara de Cuentas aún no eran definitivas. O sea que los medios probatorios eran aún, a su juicio, insuficientes debido a la provisionalidad de los experticios que apoyaban las denuncias. Obviamente que no se descartó la ocurrencia de los hechos, y la suerte del caso dependía de los hallazgos de futuras investigaciones o de la conclusión de los experticios.

En las causales mencionadas se recurre al ARCHIVO PROVISIONAL, y el ministerio público encargado del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa así lo hace constar en su decisión, de manera que ese archivo no es un sueño eterno, sino que está sujeto a ser traído a la vida jurídica si varían las circunstancias que en su momento  justificaron la parálisis de la investigación.

En la especie, al tratarse de un ARCHIVO PROVISIONAL, el Procurador General de la República, bajo cuya responsabilidad directa se encuentra el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, no tiene que hacer ningún pedimento a la Suprema Corte de Justicia, sobre todo porque la Suprema Corte de Justicia aún no ha sido apoderado de ningún caso de corrupción que involucre a Felix Bautista, y como se trató de un archivo provisional el asunto nunca ha salido de la esfera del ministerio público..

La acción penal en contra de Felix Bautista, que podría ser inocente o culpable, NO SE HA EXTINGUIDO, pues el archivo fue provisional, y como nunca ha sido juzgado por los hechos que se le imputan, el ministerio público actúa dentro de sus atribuciones cuando decide desarchivar el caso y, suponemos,  lo hace porque ya está en poder de las auditorías definitivas y se justifica  profundizar las investigaciones.

Incluso, el ministerio público puede, y sería saludable que lo hiciera, aprovechar la  Ley 120-01,  que instituye el Código de Etica del Servidor Público para " gestionar la asesoría de personas e instituciones con el fin de obtener informaciones que puedan esclarecer la conducta y el patrimonio de los funcionarios públicos" (Párrafo ünico del Art. 7). Es obvio que leyes con previsiones sensatas no faltan.

Sería saludable y conveniente que el Procurador General de la República contrate investigadores , pues el país carece de instituciones y madurez para garantizar una investigación imparcial, objetiva y transparente en materia de corrupción administrativa, sobre todo cuando los hechos son imputados a personas de la influencia del senador Bautista.

Creemos que al senador  Felix Bautista y a su familia le conviene una investigación exhaustiva del origen de sus bienes y el bondadoso crecimiento de su fortuna. El que no tiene hechas no tiene sospecha, solían decir los viejos dominicanos.

Con la asistencia de organizaciones como Transparencia Internacional y el Foro Económico Mundial, que están dispuestos a acudir al llamado del ministerio público, bien podríamos  contar con una investigación de calidad y desinteresada, y evitar que se sigan manchando conductas inmaculadas o que depredadores del erario público disfruten impunemente el producto de sus crímenes.

El Procurador General de la República tiene un reto por delante, y una magnífica oportunidad de casarse con la gloria. 

Los funcionarios públicos que han servido su cargo con honestidad no tienen nada que temer, y las cúpulas de todos los partidos políticos harían una gran contribución al adecentamiento de la actividad política si apoyan hasta las últimas consecuencias la decisión de Dominguez Brito.  

A nombre de PRO JURIS, encarecidamente, solicitamos al Procurador General de la República que solicite asesoría internacional para investigar la corrupción administrativa de todos los gobiernos que ha tenido la República en los últimos 20 años. 

HACE FALTA QUIEN LE PONGA EL CASCABEL AL GATO.

CAUSAS Y EFECTOS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR

Hubo una Era, dominada por una oprobiosa dictadura, felizmente superada, que en muchas cosas es referencia obligada y la educación es una de ellas; entonces la Policía Nacional tenía una noción bien definida de sus atribuciones como policía preventiva encargada de evitar el absentismo escolar.

La vagancia y el ocio de menores y adolescentes, maroteando en   lugares públicos durante durante las horas en que supuestamente debían permanecer recibiendo docencia suscitaba el interés y la acción de la autoridad policial.

La norma era detener al "estudiante", conducirlo al destacamento y acudir al hogar del menor o adolescente en busca de sus progenitores para exigirles que cumplieran con su responsabilidad, que en estos casos consistía en enviar todos los días sus hijos a la escuela y cerciorarse de que permanecieran en las aulas durante las horas de docencia.

La dictadura instauró el desayuno escolar, y de esa manera se estimuló la asistencia a los centros educativos de estudiantes provenientes de hogares muy pobres. De 8 de la mañana a 12 del mediodia un niño o adolescente en edad escolar no podía estar en una esquina pidiendo o vendiendo frutas o cualquier chuchería, ni andar calle arriba y calle abajo cargando un limpiabotas. El primer policía conque  tropezara se encargaría, sin hacer uso de la fuerza bruta, de detenerle para realizar las indagatorias de lugar.

Por eso el hombre de la casa, pues en ese entonces la sociedad era absolutamente machista, tenía que dar la cara por la inconducta de  sus hijos, y para no disgustar a la autoridad buscaba la manera de inscribir  y mandar todos los días  sus hijos a la escuela pública, que entonces ofrecía enseñanza de mas calidad que la privada, inexistente por demás en casi todos los pueblos de provincia.

Los libros eran escasos, y en las familias pobres se hacía un esfuerzo casi heróico para favorecer la educación de los hijos, que asimilaban la frugalidad del hogar y consumían todas las páginas del cuaderno, y cuando ya no había páginas  escribían en el pergamino o en cualquier espacio en blanco, y lo hacía con un "cabito´e lapi" que se consumía hasta que fuera imposible sostenerlo entre en índice y el pulgar. 

¡Había que estar en la escuela!  Esa educación formó a los hombres y mujeres que se revelaron y acabaron con la dictadura, y a los que despues del Golpe de Estado del 1963 cogieron el fusil y se fueron a las lomas con Tavarez Justo.

Ahora educar es más exigente, y sin la  responsablidad de los padres es imposible proveer buena educación a los hijos; el conocimiento que recibe del docente les enseña algunas nociones pero no los educa en valores, pues  sólo el hogar es capaz de transmitir con efectividad, a través del ejemplo, los valores que forjan las conciencias ciudadanas.  

Presumamos que la responsabilidad que asumía el papá,  o la mamá en ausencia de éste, con relación la educación de sus hijos e hijas durante la Era de Trujillo era fruto del miedo al régimen o del temor a una posible sanción; es posible que eso influyera, pero en la mayoría de los casos el papá, consciente de los beneficios de la educación,  hacia un esfuerzo  para proporcionar a sus vástagos los medios mínimos  para asistir a la escuela, y cuanto fuera posible para evitar que su conducta  fuera moldeada fuera del hogar,  y determinada por la influencia nociva de la calle. El padre se interesaba en conocer las actividades del hijo fuera del hogar, los lugares que frecuentaba y en quienes eran sus compañeros.

El hogar era el blindaje efectivo contra el absentismo, la deserción escolar, los malos hábitos y la "juntiña" indeseable. Entonces el hogar, la escuela y la sociedad, en sentido general, compartían responsabilidades educativas. Había más racionalidad y conciencia de lo que era la educación, la economía hogareña y los valores que contribuían a la formación cívica; cuando en un hogar, por ejemplo, compraban un Álgebra de Baldor o una Geografía de Josefina Passadori, el ejemplar bastaba para todos los hijos, durante varios años; los hijos eran menos exigentes y más frugales, y nadie se atrevía llevar al hogar bienes ajenos o mal habidos.

Ahora exigen que  a un niño de 8 años, para 2do. grado, le compren 12 mascotas, y la lista de libros y útiles es inverosímil. La presión que se ejerce sobre las magras economias de los hogares pobres es desesperante.Muchos padres optan por hacerse el chivo loco y dejan a los hijos sin educación.

Si el estudiante logra llegar al 8vo grado, el suplicio de unas Pruebas Nacionales divorciadas de los escasos insumos que  durante ocho años recibió el alumno de profesores sin ningún dominio de los contenidos, se convierten en un valladar inexpugnable.  La mayoría de los que repiten no regresan a la escuela, y comienzan a vagar por las calles hasta que el medio los absorbe y endurece,  y caen en las garras de la delincuencia juvenil.

Casi el 100% de los menores de edad, entre los 11 y los 17 años, y los jóvenes adultos que forman las feroces pandillas barriales son varones que han desertado de la escuela. Los varones constituyen el 98% de los menores delincuentes que guardan prisión.

Combatir la deserción escolar, hasta reducirla a su mínima expresión, y mantener la educación obligatoria hasta concluir el bachillerato contribuiría a disminuir dramáticamente todas las formas de  delincuencia en la República Dominicana. Mientras más años permanezca un estudiante en el sistema, menor sera la posibilidad de que se convierta en delincuente infantil o juvenil.

Es imprescindible crear comunidades educativas que interactúen   con los docentes y alumnos que acuden al mismo centro educativo; comunidades educativas integradas por padres, madres y amigos de la escuela, líderes comunitarios, profesionales de la misma comunidad, personas cuya trayectoria pueda servir de inspiración a los estudiantes, docentes, alumnos, empresarios que han asumido su cuota de responsabilidad social y autoridades aptas para velar por la  permanencia de los alumnos en el centro educativos durante las horas de docencia; hay que sacar a los niños y adolescentes de las calles durante el horario de clases, evitar el absentismo y la mendicidad y el chiripeo de menores en esquinas y plazas hay que combatirlo e impedirlo. También hay que abaratar el costo de la educación y elevar su calidad. La tarea tiene que  ser asumida por la sociedad en su conjunto.

Es inaceptable que un grupo de mozalbetes salga de las aulas y se estacione en un colmadón a tomar cervezas, o que un alumno lleve a su centro educativo una botella de ron dentro de su mochila. La Comunidad Educativa no debe tolerar tales inconductas, pues a la postre la sociedad será la victima de su propia irresponsabilidad, como ya lo es en muchos casos, pues en algunos sectores las pandillas juveniles tienen en jaque a las familias y nadie se siente seguro ni en su propia casa. Ese malestar no se produjo por generación espontánea, sino por la inexistencia de Comunidades Educativas vinculadas al quehacer de la escuela.

El Estado tiene que ser mas "inteligente" en cuanto al diseño de políticas educativas y a la evaluación del producto educativo con fines de promoción.

En  estos momentos los dos factores vinculados a la escuela que más daño le están infligiendo a la sociedad dominicana lo son la deserción escolar de los alumnos varones y  la falta o debilidad de vínculos entre escuela y comunidad. Hay que superar esos factores limitantes.

Conviene, para evitar la deserción por falta de estímulos o desencanto, eliminar la repitencia escolar y rediseñar las Pruebas Nacionales a que son sometidos los estudiantes de 8vo y 4to, de manera que  que en vez de medir la capacidad de los alumnos sirva para medir la calidad de la actividad docente, para medir a los profesores, no a los alumnos, pues ningún alumno puede saber lo que su profesor o profesora no le ha enseñado, o  le ha enseñado mal. Si la tasa de reprobados es elevada hay que evaluar la capacidad pedagógica y las técnicas didácticas del docente, para entrenarlo hasta que aprenda a enseñar.

El alumno que repruebe una Prueba Nacional debe ser promovido condicionalmente,  con una supervisión de acompañamiento para los próximos años. De esta forma se mantendrá en las aulas, en lugar de ir a la calle a sumarse a la delincuencia juvenil,  encalleciendo su conciencia criminal hasta hacer imposible ablandarla para procurar su regeneración. Eso es lo que está sucediendo en el país desde hace más de una década. La escuela dominicana ha vomitado cientos de miles de alumnos y los ha enviado a la calle. Ahí se han formado nuestros delincuente y se siguen formando, cada día en mayor cantidad y mas agresivos, sádicos, feroces e insensibles.

Si queremos construir una sociedad diferente a la que tenemos, con seguridad en nuestros espacios públicos, oportunidades para nuestra juventud y esperanza para las futuras generaciones, asumamos un compromiso colectivo con la educación, y demos vida a nuevos enfoques, orientados en un pensamiento positivo y solidario. Hagamos caso omiso a quienes proponen endurecer las penas para disuadir a los delincuentes, pues eso nunca ha funcionado. Demos una oportunidad a la verdadera educación, cuyos cimientos están enterrados en la roca de la responsabilidad social compartida. Recordemos que la conducta se genera en el pensamiento y que éste produce y convierte en cosas tangibles aquello en lo que tiene fe. 

Seguiremos socializando ideas y propuestas sobre el tema, y esperamos que quienes nos lean sean generosos en compartir sus sugerencias.

PROJUCA está trabajando el tema educativo. Hacen falta voluntarios para hacer la revolución dominicana, la única que puede levantarnos de las cenizas, que es  la revolución del espíritu a través de una verdadera educación, y a la vanguardia de esa revolución tienen que estar las Comunidades Educativas.

FRANCISCO ORTEGA, UN BUEN JUEZ, A LA SCJ

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designó al Juez de Carrera Magistrado Francisco Ortega como Juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), llenando la vacante dejada por la renuncia del Magistrado Jorge Subero Isa.

La designación ha satisfecho a la comunidad jurídica, incluyendo jueces, fiscales, abogados, ministeriales y servidores de la justicia, y sin temor a incurrir en un desliz, la selección del Magistrado Ortega es recibida con beneplácito por toda la sociedad dominicana, pues el nuevo miembro de la SCJ es un trabajador infatigable, honesto a carta cabal, dominado por un encomiable e incansable espíritu de superación y que reúne, además de una eximia preparación académica, las condiciones necesarias para contribuir a impulsar las reformas pendientes en el Poder Judicial.

Francisco, periodista consagrado, como juez se ha distinguido por su laboriosidad, produciendo algunas obras que son referencia obligada en el procedimiento penal, y en un medio donde las discrepancias son el pan nuestro de cada día, él, respetuoso del derecho a la disidencia, ha sabido mantenerse como un ente conciliador.

Vayan desde aquí nuestras felicitaciones al Magistrado Ortega y nuestro reconocimento al CNM por tan acertada escogencia.

EL NACIMIENTO DE PROJUCA

El 30 de junio del 2011 recibió su  Registro Nacional de Incorporación (RNI),  la asociación sin fines de lucro Pro Juris Causa (PROJUCA), presidida por el Dr. Víctor Martínez, abogado, ex juez penal y profesor de larga trayectoria como trabajador social en comunidades marginadas; la entidad  tiene su domicilio en Santo Domingo y su corazón en las entrañas del pueblo dominicano, sobre todo el que está integrado por personas muy pobres, viviendo en condiciones infrahumanas y careciendo de las herramientas educativas que les permita el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales en total plenitud.

Una cantidad excesiva de los hombres y mujeres por los que se interesa PROJUCA ni siquiera están habilitados para ejercer sus derechos civiles y políticos debido a que no poseen partida de nacimiento. Nos hemos encontrado con familiares de tres generaciones que nunca han sido declarados. Este año fue bautizado por el gobierno de Leonel Fernández  como  el Año del Estado Social de Derechos, pero realmente esa expresión no tiene significado para los dominicanos y domincanas  cuyo estado se corresponde al de muertos civiles. 

Algunas organizaciones de la sociedad civil muestran interés y trabajan para que estas personas obtengan su Acta de Nacimiento, pero debido a que las declaraciones tardías consumen mucho tiempo y dinero los promotores tienden a abandonar los proyectos. Según estimaciones la cantidad de dominicanos y dominicanas de pura cepa, de nacimiento y origen,  NO DECLARADOS se aproxima a las 800 mil almas. Hace falta la intervención del Estado, que podría financiar a las organizaciones que trabajan el tema, y simultáneamente, mientras se desarrollan los trámites administrativos y legales para convertir en un ciudadano con plenitud de derechos  a estos excluidos sociales, organizar unidades  de Alfabetización Especial y Formación Cívica, pues la mayoria de las personas adultas no declaradas también son iletrados sin la formación mínima deseable para el ejercicio responsable de la ciudadanía. Si aunamos esfuerzos podríamos contribuir a dar sentido a muchas vidas.

Los organizadores del proyecto, activistas sociales con amplia experiencia en trabajos comunitarios, abogados y profesores, pretendemos hacer de la labor de Registros Tardíos de Nacimiento una actividad permanente, para lo cual hemos ido habilitando personas que trabajan en el levantamiento de información, principalmente en la Provincia Santo Domingo. 

Esperamos contar con el apoyo económico del Estado, Ayuntamientos Municipales, Juntas de Distritos y las entidades del sector privado que han asumido su cuota de responsabilidad social.

DEL DICHO AL HECHO...HAY MUCHO TRECHO

Las organizaciones de la sociedad civil que  asumieron las jornadas cívicas a favor de la asignación de 4% de Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, se han manifestado esperanzadas de que el gobierno que asumirá la conducción de Estado a partir del próximo 16 de agosto cumpla con el pacto suscrito por todos los candidatos a la Presidencia de la República en la pasada campaña electoral.

El Lic. Danilo Medina reiteró que cumplirá todas sus promesas de campaña, aunque  advirtió que las condiciones económicas que heredará impedirán satisfacerlas a la velocidad que le habría gustado. 

Según las estimaciones de entidades que dan seguimiento a la ejecución del presupuesto, los recursos que ha recibido el Ministerio de Educación en estado muy por debajo de lo aprobado, y que de mantenerse el ritmo promedio de las erogaciones  no alcanzará el 2% del PIB.

FRAY ANTÓN DE MONTESINOS: PRECURSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROJUCA tiene como emblema la silueta del rostro indignado que el escultor imaginó para el monumento a Fray Antón de Montesinos.

Nuestra sociedad, como hace 500 años, mantiene vigentes esquemas de dominio colonialistas, responsables de que  gran  parte de la población dominicana viva en estado de exclusión social permanente.

La carencia de un sistema educativo que sea capaz de ofrecer al común de los dominicanos las herramientas necesarias para que explote al máximo  su potencial de riquezas espirituales, causa una nueva modalidad de exclusión, que impide  a la mayoría de nuestros profesionales competir con posibilidad de éxito por puestos  bien remunerados, y los condena a vivir  como si estuvieran encadenado a galeras,  remando hasta la extenuación para mal vivir .... PROJUCA aboga por una sociedad más equitativa y de oportunidades para todos.